El Departamento de Estado de Estados Unidos concluyó que la situación de derechos humanos en Nicaragua “empeoró” durante 2024. Esta afirmación contradice la narrativa utilizada para justificar la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los nicaragüenses, que sostenía que las condiciones en el país habían mostrado “mejoras notables”.
El informe publicado el 12 de agosto de 2025 documenta que, en 2024, se intensificaron los ataques contra las libertades civiles y religiosas en Nicaragua, incluyendo asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas en prisiones y una represión sin precedentes contra la Iglesia católica.
En julio de 2025, la Administración de Trump ordenó eliminar el TPS para casi 3,000 nicaragüenses y aproximadamente 72,000 hondureños, alegando que existían condiciones que permitían el “adecuado retorno” de sus ciudadanos. Para sustentarlo, se mencionó que Nicaragua destacaba como líder en turismo, ecoturismo, agricultura y energía renovable, mientras que Honduras estaba impulsando proyectos de infraestructura y generación de empleo.
El informe también compara la situación de derechos humanos en Nicaragua con la de otros países como Haití, Venezuela, Honduras, Nepal y Afganistán, señalando numerosos abusos creíbles en todos ellos, a pesar de reconocer que la situación es más crítica en algunos de estos estados.
Violaciones de derechos humanos en Nicaragua
- Represión transnacional: El régimen de Ortega y Murillo ha expandido su represión más allá de las fronteras, hostigando a exiliados y vigilando a familiares de opositores.
- Asesinatos extrajudiciales y violencia política: Se intensificaron los asesinatos arbitrarios y campañas de terror contra comunidades indígenas, especialmente en la Región Autónoma del Caribe Norte.
- Uso de herramientas internacionales para persecución: Se han emitido avisos rojos de Interpol con motivaciones políticas, afectando a opositores y líderes religiosos en el exilio.
- Control de movilidad y servicios consulares: Se analiza la movilidad internacional de ciudadanos y se niegan servicios consulares a opositores y sus familias, manteniéndolos en un limbo legal.
- Represión religiosa: Se intensificó la persecución contra la Iglesia católica, incluyendo detenciones, exilios forzados de clérigos y hostigamiento a feligreses.
- Desapariciones forzadas: Prisioneros políticos permanecieron incomunicados por largos periodos, trasladados secretamente entre prisiones y centros médicos.
- Tortura y tratos degradantes: Más de 150 prisioneros en cárceles como “La Modelo” sufrieron torturas sistemáticas y privaciones prolongadas.
Human Rights Watch (HRW) señaló que la omisión y manipulación de ciertos abusos en el informe “degradan y politizan” el documento. Varias categorías de violaciones habituales, como los ataques a mujeres, LGTBI, personas con discapacidad, la corrupción gubernamental y la libertad de reunión pacífica, no fueron incluidas.
HRW advierte que la Administración Trump ha convertido gran parte del informe “en un arma que hace que los autócratas parezcan más aceptables y minimiza los abusos de derechos humanos que ocurren en esos lugares”, poniendo en riesgo a defensores de derechos humanos, debilitando protecciones para solicitantes de asilo y socavando la lucha global contra el autoritarismo.
