La Procuraduría General de Justicia (PGJ), controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, presentó este 14 de agosto una nueva acusación en contra del general en retiro y exasesor presidencial de inversiones, Álvaro Baltodano Cantarero, y su hijo, Álvaro Baltodano Monroy. Ambos son señalados de haber dirigido un complejo esquema de lavado de dinero, evasión fiscal y creación de al menos veinte sociedades de papel con el fin de mover capitales hacia paraísos fiscales.
En paralelo, la PGJ informó la anulación inmediata del contrato de concesión otorgado a la empresa Momotombo Power Company, que explotaba recursos geotérmicos en el país. Según el comunicado, la medida responde a “pruebas recabadas” por la Policía Nacional y la Procuraduría, las cuales demostrarían la relación directa de la compañía con el supuesto entramado de sociedades ficticias creado por los Baltodano y otros colaboradores. Dichas sociedades carecían de activos reales o instalaciones, funcionando únicamente como vehículos financieros para encubrir fondos ilícitos.
Señalamientos de operaciones en paraísos fiscales
El comunicado oficial destaca que estas estructuras fueron constituidas en jurisdicciones reconocidas internacionalmente como paraísos fiscales por el Grupo de Acción Financiera (GAFI). El Ministerio de Energía y Minas, que respaldó la denuncia, también aseguró que la empresa incumplió su compromiso de invertir en la modernización de la planta para alcanzar una producción estable de entre 37 y 40 megavatios. Según el mismo documento, la compañía tampoco habría ejecutado las obras contempladas en el contrato original.
Acusaciones de traición al patrimonio nacional
La PGJ calificó la actuación de los acusados como un acto de “traición a la confianza del pueblo y del Estado”, utilizando un recurso estratégico de la nación para fines criminales. Según el texto oficial, las acciones de los Baltodano representan una afrenta al patrimonio nacional, a la legalidad y a la ciudadanía. El comunicado concluye con un tono amenazante: “Quien utilice el sector energético o cualquier recurso del pueblo nicaragüense con fines delictivos, enfrentará todo el peso de la ley”.
Interrogantes sin respuesta
Pese a lo expuesto, la nota de la Procuraduría no aclara qué ocurrirá con la Planta Geotérmica Momotombo, ni si pasará directamente al control del Estado, como ya han señalado algunos medios independientes. Tampoco se especifica si el general Baltodano Cantarero, condenado previamente a 20 años de prisión por “traición a la patria”, enfrentará un nuevo proceso judicial por estos delitos, o si la acusación no es más que un instrumento propagandístico del régimen para justificar la confiscación de la empresa.
