Un panel del Noveno Circuito de Apelaciones en California habilitó al gobierno de Donald Trump a terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para personas de Nicaragua, Honduras y Nepal. La decisión, emitida el 20 de agosto de 2025, revierte una orden de primera instancia y expone a más de 60 000 familias a la pérdida de su amparo migratorio y de sus permisos de trabajo.
¿A quiénes afecta y desde cuándo?
El fallo impacta de forma directa a cerca de 51 000 hondureños, casi 3 000 nicaragüenses y miles de beneficiarios de Nepal. Las órdenes de terminación del DHS contemplan un plazo general de 60 días; no obstante, se establecieron hitos específicos: para la población nepalí el efecto es inmediato, mientras que para nicaragüenses y hondureños el amparo se extinguiría el 8 de septiembre de 2025.
En la práctica, decenas de miles de familias quedarán a la deriva administrativa, con riesgo de deportación y ruptura de hogares con hijos ciudadanos estadounidenses.
El argumento oficial y su grieta
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que la medida “restaura la integridad” del sistema migratorio y que el TPS no fue concebido como camino permanente a la residencia. Alega además “mejoras” en los países cubiertos desde que el estatus se otorgó por desastres como el huracán Mitch (1998), que dejó más de 11 300 muertos en Centroamérica.
Sin embargo, organismos y defensores remarcan la contradicción: en Nicaragua, la situación de derechos humanos se ha deteriorado, y el retorno forzado expone a las personas a un entorno de represión, criminalización y persecución del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Voces legales y de la sociedad civil
Organizaciones de derechos civiles calificaron la resolución como un revés devastador para comunidades que llevan más de una década —y en muchos casos más de 26 años— construyendo vida, trabajo y arraigo en Estados Unidos. Redes de defensa laboral advierten que el fin del TPS provocará pérdidas masivas de empleo, desprotección sanitaria y una crisis humanitaria con decenas de miles de menores ciudadanos atrapados entre dos sistemas.
Contexto: del Mitch a la diáspora bajo asedio
El TPS para nicaragüenses y hondureños se activó tras el Mitch, cuando las infraestructuras colapsaron y la emergencia humanitaria fue indiscutible. A más de dos décadas, el cierre del amparo ignora el agravamiento político en Nicaragua, gobernada por una dictadura familiar que encarcela, despoja bienes y criminaliza la disidencia. Obligar a regresar en estas condiciones equivale a forzar el retorno a un escenario de riesgo y vulneración de derechos.
Lo que viene
Con la cancelación en curso, se esperan apelaciones, nuevas medidas cautelares y presión legislativa para una solución de estatus. Entre tanto, la recomendación a los beneficiarios es actualizar dirección y expediente, consultar a abogados acreditados y explorar alivios alternativos (asilo, VAWA, T/U, cancelación de deportación) según cada caso. La batalla legal continúa, pero el golpe inmediato recae sobre la diáspora nicaragüense, rehén de la agenda antiinmigrante y de la crueldad del régimen que los expulsó.
