Recientemente, El Salvador ha sido escenario de un cambio controvertido en su sistema educativo público, impulsado por la nueva Ministra de Educación, Karla Trigueros. Nombrada por el presidente Nayib Bukele el 15 de agosto de 2025, Trigueros, una médica y capitana de la Fuerza Armada emitió un memorando obligatorio el 18 de agosto, estableciendo estrictas disposiciones de “orden y disciplina” que entraron en vigor el 20 de agosto. Estas reglas exigen que los directores de escuelas verifiquen diariamente, en las entradas de los centros educativos, cuatro aspectos clave en los estudiantes: uniforme limpio y ordenado, corte de cabello adecuado, presentación personal correcta y un saludo respetuoso al ingresar. El incumplimiento por parte de los directores se considera una falta grave administrativa, con posibles sanciones.
El gobierno justifica estas medidas como un esfuerzo para “fortalecer el orden, la disciplina y la presentación personal” en las escuelas, argumentando que contribuyen a formar “ciudadanos de bien” y a “replicar el civismo y el patriotismo”. Bukele ha enmarcado esto en su visión de transformar completamente el sistema educativo para construir “el El Salvador que soñamos”. Trigueros, vistiendo su uniforme militar camuflado, ha visitado personalmente varias instituciones para supervisar el cumplimiento, lo que ha intensificado el debate sobre una posible militarización de la educación.
Reacciones han sido polarizadas. Algunos sindicatos docentes, como Bases Magisteriales, apoyan las reglas por restaurar autoridad a los maestros, mientras que padres han expresado aprobación en redes sociales, citando beneficios en la disciplina cotidiana. Sin embargo, críticos como el Frente Magisterial Salvadoreño denuncian un “golpe más” contra la educación pública, advirtiendo sobre abusos de poder y un deterioro que podría llevar a la privatización. En plataformas como X (anteriormente Twitter), usuarios han calificado las medidas como “dictatoriales” o limitantes de la libertad individual, especialmente en lo referente a la apariencia personal.
¿Parte Fundamental de un Adoctrinamiento en las Escuelas Públicas?
Desde una perspectiva investigativa, estas disposiciones no son un hecho aislado, sino que se insertan en un patrón más amplio de políticas educativas bajo el gobierno de Bukele, caracterizado por un enfoque autoritario y conservador. Para evaluar si podrían constituir un elemento fundamental en el desarrollo de adoctrinamiento entendido como la imposición incuestionable de valores ideológicos, a menudo políticos o culturales, que moldean la mente de los jóvenes sin fomentar el pensamiento crítico, es necesario examinar sus implicaciones estructurales, simbólicas y contextuales, basándonos en fuentes diversas que representan tanto el oficialismo como la oposición.
En primer lugar, las reglas promueven una uniformidad que trasciende lo disciplinario y roza lo ideológico. Exigir un “corte de cabello adecuado” o “presentación personal correcta” sin criterios claros definidos deja espacio para interpretaciones subjetivas, potencialmente alineadas con normas conservadoras y tradicionales. Esto podría suprimir expresiones de identidad individual, como estilos de cabello asociados a culturas juveniles o minorías, fomentando una conformidad que es clave en procesos de adoctrinamiento. Históricamente, regímenes autoritarios han utilizado normas de apariencia en escuelas para instilar obediencia y lealtad, como en la Alemania nazi o la Corea del Norte actual, donde la uniformidad visual refuerza la sumisión al estado. En El Salvador, esto se suma a acciones previas, como la prohibición de la “ideología de género” en materiales educativos en 2024, sugiriendo un currículo que prioriza valores nacionalistas y conservadores sobre la diversidad.
Segundo, el requisito de un “saludo respetuoso” y el ingreso “en orden” evoca prácticas militares, especialmente con una ministra de origen castrense supervisando en uniforme. Esto podría condicionar a los estudiantes desde edades tempranas a internalizar jerarquías autoritarias, donde el respeto no surge del diálogo, sino de la obligación. Investigaciones en psicología educativa, como las de Paulo Freire en “Pedagogía del Oprimido”, advierten que tales rituales convierten la escuela en un espacio de reproducción ideológica, donde se adoctrina en valores de obediencia incondicional al poder. En el contexto salvadoreño, post-conflicto armado y con una “guerra contra las pandillas” que ha elevado la figura de Bukele como líder fuerte, estas reglas podrían servir para cultivar lealtad al régimen, presentando la disciplina como sinónimo de patriotismo. Críticos opositores argumentan que esto representa una “militarización lamentable” de la educación, incrementando riesgos de abusos contra estudiantes y docentes, y alineándose con una estrategia más amplia de control social.
Tercero, desde un ángulo investigativo, es crucial considerar el impacto a largo plazo en el desarrollo cognitivo y cívico. Estudios de organizaciones como UNESCO destacan que la educación debe promover el pensamiento crítico y la autonomía, no la sumisión. Aquí, al priorizar apariencias y rituales sobre contenidos pedagógicos, se podría estar desplazando el foco de la aprendizaje hacia la conformidad, facilitando un adoctrinamiento sutil que prepara generaciones para aceptar narrativas oficiales sin cuestionar. Fuentes opositoras, como sindicatos docentes, temen que esto erosione la educación pública, empujándola hacia modelos privatizados o ideológicamente sesgados. Por otro lado, defensores gubernamentales lo ven como necesario para restaurar orden en un país marcado por la violencia, pero esta justificación ignora cómo la disciplina coercitiva puede perpetuar ciclos de autoritarismo, en lugar de fomentar ciudadanía activa.
En conclusión, aunque estas disposiciones podrían interpretarse como meras medidas de orden, su diseño, implementación y contexto las posicionan como un pilar potencial de adoctrinamiento: fomentan obediencia, uniformidad y valores militarizados, alineados con la ideología del régimen de Bukele. Una investigación más profunda, incluyendo testimonios de estudiantes y análisis comparativos con otros países, sería esencial para confirmar este riesgo. Sin embargo, en un entorno donde la oposición enfrenta persecución, estas reglas resaltan la delgada línea entre disciplina y control ideológico, urgiendo a una reflexión global sobre el rol de la educación en democracias frágiles.
