El expresidente colombiano Álvaro Uribe, recientemente condenado a arresto domiciliario por fraude procesal y soborno a testigos, ha señalado directamente al actual mandatario, Gustavo Petro, como responsable moral del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. En un homenaje póstumo, Uribe acusó a Petro de alimentar un clima de “venganza” mediante sus discursos, que —según él— habrían motivado el atentado ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá.
En una declaración leída por el director nacional del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, Uribe sostuvo que Miguel Uribe, “opositor crítico y razonado”, fue víctima de la narrativa presidencial que asocia a su abuelo, el expresidente Julio César Turbay Ayala, con violaciones a los derechos humanos durante la implementación del controvertido Estatuto de Seguridad (1978-1982). Petro, en varias publicaciones en X, acusó al exmandatario de haber “llevado a diez mil colombianos a la tortura” en el marco de esa política represiva contra el auge guerrillero.
La trayectoria familiar de la víctima ya estaba marcada por la violencia política: en 1991, su madre, la periodista Diana Turbay, fue secuestrada y asesinada por milicias vinculadas al narcotráfico. Tres décadas después, su hijo, de 39 años, considerado uno de los principales rostros del uribismo, murió tras dos meses en estado crítico por las heridas de bala recibidas en el atentado. Según la Policía Nacional, el ataque fue ejecutado por un menor de 15 años, presuntamente bajo las órdenes del general retirado Carlos Fernando Triana, alias “El Costeño”.
El asesinato de Miguel Uribe ha despertado ecos de los años más oscuros de la política colombiana, evocando los magnicidios de 1990 que truncaron las vidas de líderes como Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro. Diversos analistas consideran que este crimen representa un grave retroceso en la seguridad de figuras políticas y una señal preocupante del recrudecimiento de la violencia electoral en el país.
