El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aprobó el 27 de agosto de 2025 una reforma constitucional y legal que redefine la estructura de mando de la Policía Nacional de Nicaragua. La medida elimina el cargo único de director general, hasta ahora ocupado por Francisco Díaz, consuegro de Ortega, y lo reemplaza con una jefatura bicéfala: dos jefes de las fuerzas policiales nombrados directamente por la Presidencia, con mandatos iniciales de seis años renovables. Los primeros nombramientos están programados para el 26 de diciembre de 2025, y la toma de posesión será el 5 de febrero de 2026.
Este cambio, aprobado por unanimidad en la Asamblea Nacional controlada por el Frente Sandinista, no es un hecho aislado. Forma parte de una serie de reformas impulsadas desde noviembre de 2024, que incluyen la extensión de mandatos tanto en el Ejército como en la Policía y la incorporación de mecanismos que fortalecen el control centralizado del régimen sobre las instituciones de seguridad.
Un contexto de paranoia represiva
Nicaragua vive bajo un estado policial totalitario desde 2007, intensificado tras la rebelión cívica de 2018, que dejó cientos de muertos y miles de exiliados. En 2025, Ortega enfrenta un escenario crítico: una economía estancada, sanciones internacionales de Estados Unidos y la Unión Europea, y una oposición fragmentada que, desde el exilio, continúa articulando resistencia.
En este contexto, la Policía Nacional ha sido el brazo ejecutor de la represión. Desde detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas hasta torturas documentadas por la ONU y la CIDH, su papel ha sido central en la perpetuación del control. Las recientes redadas masivas de julio de 2025, en lugares como Carazo y Masaya, evidencian la intensidad de la represión, con casos como la muerte bajo custodia de Mauricio Alonso Petri que reflejan la brutalidad sistemática.
Nombramientos duales: controlando desde dentro
La instauración de un doble mando policial responde a una estrategia clara: Ortega y Murillo buscan prevenir cualquier riesgo de deserción o rebelión interna. La hipótesis es evidente: al nombrar dos jefes, el régimen introduce un mecanismo de “control cruzado”, donde cada líder actúa como contrapeso del otro, dificultando que alguno acumule suficiente poder para desafiar al dúo presidencial.
Este modelo recuerda las tácticas de “divide y vencerás” usadas en regímenes autoritarios históricos, desde Stalin en la URSS hasta Saddam Hussein en Irak. En Nicaragua, donde la Policía es el principal instrumento represivo, esta dualidad asegura que los jefes se mantengan vigilados mutuamente, reduciendo riesgos de conspiración y reforzando la lealtad al régimen.
Además, el contexto revela fisuras: rumores de descontento entre oficiales, agravados por corrupción y nepotismo, y el desgaste de figuras como Francisco Díaz por problemas de salud. Ortega teme que la concentración de poder en un solo jefe pueda derivar en fracturas internas similares a las que han debilitado a otras dictaduras en la región.
Patrón autoritario y consecuencias a futuro
La reforma policial no es un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio de centralización del poder. Desde 2023, el régimen ha subordinado al Ministerio de Gobernación, extendido mandatos militares, castigado con cárcel la deserción policial y eliminado contrapesos institucionales. Ahora, con esta bicefalía en la Policía Nacional, Ortega introduce una estructura que prioriza el control sobre la eficacia operativa.
Este diseño, sin embargo, podría ser un arma de doble filo. Al fragmentar el mando, el régimen aumenta la rivalidad interna y, en consecuencia, el riesgo de conflictos dentro de sus propias filas. Si este modelo se replica en el Ejército o en el Poder Judicial, podríamos estar ante una estrategia de blindaje que, paradójicamente, siembra las semillas de la inestabilidad.
Veámoslo así
La reforma de la Policía Nacional confirma que el régimen Ortega-Murillo vive atrapado en su propia paranoia represiva. Lejos de buscar transparencia o modernización, estas transformaciones revelan un liderazgo que se blinda incluso contra sus propias instituciones. Nicaragua, mientras tanto, continúa atrapada bajo un sistema que utiliza la seguridad pública como instrumento de sometimiento, profundizando la distancia entre el poder y el pueblo.
La pregunta es inevitable: ¿cuánto más podrá sostenerse un modelo que, en su afán por controlarlo todo, termina fragmentando sus propias bases de poder?
