El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa profundizando su control absoluto sobre las instituciones del Estado. Este 27 de agosto, la Asamblea Nacional, bajo el dominio de la pareja dictatorial, aprobó en primera legislatura una reforma a la Constitución Política que permitirá nombrar dos jefes de la Policía Nacional, desplazando el modelo tradicional de una jefatura única.
La reforma, enviada con carácter de urgencia por la presidencia, modifica el numeral 10 del artículo 125 de la Constitución, otorgando a Ortega y Murillo la facultad de designar “a dos Jefes de las Fuerzas Policiales de la República de Nicaragua”, así como a subdirectores, inspectores y altos mandos de la institución.
Una reforma a la medida de Ortega y Murillo
En paralelo, el régimen también orientó cambios a la Ley 872, Ley de Organización, Función, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, para adecuarla a la reforma constitucional, incluso antes de que esta sea aprobada en segunda legislatura.
Con las modificaciones a los artículos 11 y 47 de la Ley 872, se establece que la jefatura nacional será ejercida por dos directores que “administrarán, dirigirán y ejercerán el mando único de la institución”, siempre bajo las órdenes de la jefatura suprema, encarnada en Ortega y Murillo.
La reforma fija el 26 de diciembre como fecha para el nombramiento de los jefes policiales, quienes asumirán sus funciones el 26 de febrero siguiente. Sin embargo, un artículo transitorio permite que la Presidencia designe de inmediato al nuevo codirector, evitando cualquier vacío de poder.
Un movimiento para blindar el control interno
Analistas en temas de seguridad señalan que esta reforma responde a la incapacidad física y política del actual jefe de la Policía Nacional, el primer comisionado Francisco “Paco” Díaz, consuegro de la pareja presidencial, quien enfrenta serios problemas de salud.
Según un experto consultado, “no lo van a separar, pero lo relegarán a funciones administrativas, mientras el nuevo codirector asumirá el control operativo de la institución”. El perfil esperado, añade, apunta a alguien con experiencia en contrainteligencia, un área en la que Díaz carece de preparación.
Este cambio fortalece lo que muchos describen como una megaestructura de seguridad, una Policía Nacional transformada en “brazo represor” al servicio de la permanencia del régimen, encargada de vigilar, perseguir y neutralizar cualquier amenaza contra el poder establecido.
Reformas anteriores: la Policía al servicio del régimen
Esta no es la primera vez que Ortega y Murillo modifican el marco legal para subordinar a la Policía Nacional. En noviembre de 2024, aprobaron una reforma que extendió de cinco a seis años el periodo del jefe policial. Posteriormente, en diciembre de 2023, subordinaron el Ministerio de Gobernación y todas sus direcciones generales a la Policía Nacional, consolidando así un mando centralizado.
Meses antes, en julio de 2023, modificaron el artículo 97 de la Constitución y la Ley de la Policía para imponer sanciones de hasta tres años de prisión por deserción y penas de hasta dos años por desobedecer órdenes superiores. Con ello, se cerró cualquier margen de autonomía institucional.
Un aparato represivo cada vez más sofisticado
La Policía Nacional de Nicaragua ha dejado de ser una institución civil al servicio de la ciudadanía para convertirse en el brazo ejecutor del régimen Ortega-Murillo. Con estas reformas, se busca blindar la estructura de mando, evitar fisuras internas y reforzar el control sobre una institución que ha sido denunciada por violaciones sistemáticas de derechos humanos, según organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
Para expertos en gobernabilidad, esta nueva jefatura bicéfala representa un paso más hacia la militarización absoluta del país, en detrimento de la democracia y el Estado de derecho.
Una dictadura que no conoce límites
La creación de dos jefes policiales es otra pieza en el rompecabezas del control totalitario de Ortega y Murillo. Con cada reforma, el régimen no solo debilita las instituciones democráticas, sino que profundiza la represión contra cualquier forma de disidencia.
La Policía Nacional, antaño concebida para proteger a la ciudadanía, es ahora una herramienta política, utilizada para vigilar, reprimir y mantener en el poder a una pareja que gobierna de espaldas a los derechos humanos y a la voluntad popular.
