En un acto que reafirma la brutalidad sistemática del régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, el opositor Mauricio Alonso Petri, de 64 años, fue entregado muerto a su familia tras 38 días de desaparición forzada. Secuestrado el 18 de julio de 2025 por un contingente policial en Jinotepe, junto a su esposa e hijo, Petri desapareció en las mazmorras del régimen sin que las autoridades admitieran su detención. Su esposa fue liberada el mismo día, pero Petri y su hijo, Mauricio Alonso Estrada, permanecieron en “condición de desaparecido”. El 25 de agosto, el Instituto de Medicina Legal convocó a la familia para reconocer su cadáver, alegando que “se sintió mal” y fue llevado directamente a la morgue, donde supuestamente falleció. ¿Quién cree esta farsa? ¿Por qué no lo trasladaron a un hospital para atención médica real, en lugar de a un lugar destinado a autopsias? Esta explicación ridícula oculta lo obvio: Petri fue víctima de tortura, negligencia deliberada o ejecución extrajudicial en custodia policial.
Petri, un exmiembro del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) en Jinotepe que se retiró por razones personales, mantenía vínculos con el mayor en retiro Roberto Samcam, asesinado el 19 de junio de 2025 en San José, Costa Rica. Fuentes cercanas al caso de Samcam apuntan directamente a la Dirección de Inteligencia del Ejército nicaragüense, orquestado desde Managua, como responsable de este asesinato en el exilio. Este patrón de eliminación de opositores, incluso fuera de las fronteras, demuestra que el régimen Ortega-Murillo no solo reprime dentro de Nicaragua, sino que exporta su terror a países vecinos como Costa Rica, donde al menos seis disidentes han sido atacados o asesinados desde 2018. Petri, quien padecía problemas cardíacos y estaba retirado de la política activa, fue capturado en redadas masivas en departamentos como Carazo, Granada, Masaya y Rivas, previas al 46 aniversario de la Revolución Sandinista. Según el Monitoreo Azul y Blanco, al menos 28 personas, incluyendo cinco núcleos familiares enteros, permanecen en desaparición forzada, dejando a menores desamparados y destruyendo estructuras económicas familiares.
Fuentes policiales y de Medicina Legal confirman que Petri fue recluido en el Distrito Tres de Managua, unas celdas similares a las infames de El Chipote, donde organismos internacionales como la CIDH y Amnistía Internacional han documentado torturas sistemáticas, tratos crueles e inhumanos. La familia, aterrorizada por represalias especialmente porque el hijo de Petri sigue desaparecido, no ha dado declaraciones públicas. El entierro fue exprés y vigilado por la policía en Jinotepe, sin autopsia independiente ni oportunidad para un velorio digno, bajo presión del régimen para silenciar cualquier investigación. Esta práctica no es aislada: Petri se suma a una lista macabra de muertes en custodia bajo Ortega-Murillo. Recordemos a Eddy Montes, asesinado en la cárcel La Modelo en 2019; al general en retiro Hugo Torres, muerto en El Chipote en 2022 tras tortura; y al propio hermano de Daniel Ortega, Humberto Ortega Saavedra, fallecido en circunstancias sospechosas en 2024. Estos casos ilustran un régimen que usa la detención como sentencia de muerte, violando derechos humanos básicos y consolidando un estado de terror.
El contexto más amplio revela una escalada represiva en 2025. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la consolidación de un régimen autoritario siete años después de las protestas de 2018, con desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias como herramientas cotidianas. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denuncia la persecución de opositores incluso en el exilio, mientras el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua habla de un “golpe final al estado de derecho” con reformas que eliminan garantías constitucionales. Freedom House califica a Nicaragua como “no libre” en 2025, con Ortega controlando todos los poderes del Estado desde su elección fraudulenta en 2006.
La reacción internacional es unánime en su condena. Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, responsabiliza directamente al régimen por la muerte de Petri, horrorizado por la “inhumanidad de la dictadura Murillo-Ortega”, y promete más sanciones. Organizaciones opositoras como Unamos y el Monitoreo Azul y Blanco exigen investigaciones independientes y la liberación inmediata de todos los presos políticos, más de 80 en total. En redes sociales, figuras como Bianca Jagger y Freddy Antonio Quezada denuncian este como otro crimen de Estado, comparándolo con monarquías medievales o feudos despóticos donde la vida humana es desechable.
Este asesinato no es un “incidente aislado”, sino parte de una estrategia deliberada para aniquilar la disidencia. Ortega-Murillo ha convertido Nicaragua en un gulag tropical (En español, gulag significa explícitamente, un campo de concentración o conjunto de centros penitenciarios de la antigua Unión Soviética), confiscando propiedades como el Colegio San José en Jinotepe y renombrado en honor a un simpatizante sandinista y capturando a familias enteras vinculadas a las protestas de 2018.
Claudia Pineda, de la Asociación Unidad de Defensa Jurídica, advierte de esta “nueva modalidad represiva” que destruye vidas y economías, dejando un país en ruinas morales y humanas.
El régimen Ortega-Murillo no es un gobierno: es una mafia criminal que comete crímenes contra la humanidad diariamente. La comunidad internacional debe ir más allá de condenas verbales; se necesitan sanciones drásticas, aislamiento diplomático y apoyo a la oposición para derrocar esta tiranía. Justicia para Petri, libertad para su hijo y para todos los desaparecidos. Nicaragua no olvidará ni perdonará estos horrores.
