El director de la DIS descartó la existencia de células del régimen Ortega-Murillo en Costa Rica tras el asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam. Sin embargo, diputados advierten que la ausencia de protocolos de protección pone en riesgo a los exiliados nicaragüenses y a la seguridad nacional.
Un asesinato que sacude a la comunidad exiliada
La comparecencia de Jorge Torres Carrillo, director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), ante la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, estuvo marcada por tensiones y cuestionamientos. El motivo: la investigación sobre el asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam, ocurrido el 19 de junio de 2025 en Moravia.
Samcam, opositor exiliado desde 2018 y fundador del Grupo Patriótico de Militares Retirados, fue asesinado dentro de su vivienda por un sicario disfrazado de repartidor. El ataque, perpetrado con al menos ocho disparos, ha generado alarma entre la comunidad nicaragüense refugiada en Costa Rica, que denuncia falta de protección efectiva por parte del Estado.
DIS niega operaciones de inteligencia extranjeras
Durante su intervención, Torres negó categóricamente que existan células del régimen Ortega-Murillo operando en Costa Rica:
“Nunca hemos identificado grupos de inteligencia nicaragüenses en territorio costarricense. Tampoco hemos recibido denuncias formales que confirmen esas presuntas operaciones”, afirmó.
Sin embargo, varios legisladores cuestionaron la contundencia de sus declaraciones y señalaron que no existe un protocolo específico para atender amenazas contra exiliados políticos y refugiados en riesgo. La diputada Monserrat Ruiz, presidenta de la Comisión, cuestionó si la DIS clasificaba el asesinato de Samcam como un simple asalto, a lo que Torres respondió:
“No puedo señalar al régimen como responsable sin pruebas, pero tampoco lo tratamos como un asalto común.”
Preocupación legislativa por falta de protocolos
La sesión expuso la ausencia de políticas claras para proteger a opositores y refugiados. La diputada Cintia Córdoba advirtió:
“La falta de protocolos pone en riesgo tanto a migrantes como a ciudadanos costarricenses. No se trata solo de proteger a exiliados, es también un asunto de seguridad nacional.”
Otros legisladores, como Antonio Ortega y Melina Ajoy, recordaron que casos previos como los de Rodolfo Rojas (2022), Jaime Luis Ortega (2024) y Joao Maldonado evidencian un patrón preocupante de violencia transnacional contra opositores.
Limitaciones operativas de la DIS
Torres explicó que las funciones de la DIS se encuentran limitadas por la Ley 7410 de la Policía, que restringe su accionar a labores de análisis y generación de información. Señaló que no tienen capacidad de brindar protección personalizada, pues en Costa Rica existen más de 20.000 personas con refugio aprobado y más de 200.000 solicitudes pendientes.
Además, reveló que el 85% del presupuesto de la institución se destina a salarios, lo que reduce significativamente sus capacidades operativas. Según Torres, su principal fortaleza es la cooperación internacional con agencias de inteligencia de otros países.
Exigen medidas concretas para proteger a exiliados
Para la diputada Melina Ajoy, Costa Rica debe cumplir con sus obligaciones internacionales conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos:
“El deber de protección hacia los exiliados es una responsabilidad del Estado costarricense. No bastan recomendaciones generales, se requieren acciones concretas.”
Como resultado, la Comisión de Derechos Humanos convocará a Edgar Arias Cabezas, jefe de contrainteligencia de la DIS, y a Wilbert Villegas, jefe de operaciones, para profundizar en los protocolos existentes y esclarecer las dudas sobre el caso Samcam.
Información basada en investigaciones propias de Blogueronica.com, con énfasis en derechos humanos y protección internacional de refugiados.
