La Embajada de Estados Unidos en Managua ha emitido una advertencia a sus ciudadanos para que reporten cualquier caso de expropiación, confiscación o restricciones de venta de propiedades adquiridas legalmente en Nicaragua. Esta solicitud llega apenas quince días después de la aprobación de la Ley de Territorio Fronterizo, una normativa que estatiza y militariza una franja de 15 kilómetros a lo largo de las fronteras, incrementando la incertidumbre entre propietarios y comunidades indígenas.
Advertencia directa a ciudadanos estadounidenses
En su comunicado, la embajada solicita a los ciudadanos estadounidenses que han sido afectados por confiscaciones, expropiaciones o restricciones sobre sus bienes que envíen un correo a ManaguaEcon_ExportsInvestments@state.gov. La información recopilada será utilizada para elaborar informes oficiales al Congreso y actualizar el clima de inversión de Nicaragua.
🚨Alert for U.S. citizens:
— USEmbassy Nicaragua (@USEmbNicaragua) August 21, 2025
Are you a U.S. citizen who has been impacted by a Nicaraguan government land seizure, confiscation, expropriation, or restriction on selling property you legally acquired? Let us know by following the link to the STEP alert for our contact information:… pic.twitter.com/7tMGifIfcs
Washington advierte que, bajo el actual régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, los derechos de propiedad en Nicaragua son “poco confiables” y que las leyes se aplican de forma arbitraria, lo que deja a los ciudadanos, tanto locales como extranjeros, en una posición vulnerable frente a posibles confiscaciones.
Confiscaciones masivas desde 2018
Las confiscaciones no son un fenómeno nuevo en Nicaragua, pero se han intensificado desde la rebelión social de 2018, cuando el régimen comenzó a expropiar propiedades de opositores, empresarios, organizaciones civiles, universidades, medios de comunicación e incluso bienes de la Iglesia católica.
La más reciente fue el Colegio San José, en Jinotepe, Carazo, cuya ocupación fue anunciada por Rosario Murillo el pasado 12 de agosto, acusando a opositores de haber cometido “torturas y asesinatos” en ese recinto durante las protestas de 2018.
Ley de Territorio Fronterizo: un nuevo frente de despojo
La nueva ley aprobada por la Asamblea Nacional controlada por Ortega afecta directamente las zonas fronterizas con Honduras y Costa Rica. En el norte, la franja atraviesa 950 kilómetros de áreas montañosas, territorios indígenas, concesiones mineras, fincas ganaderas y zonas de alto valor forestal.
Hacia el sur, la normativa impacta 309 kilómetros de frontera con Costa Rica, abarcando áreas rurales, playas de potencial turístico y extensos naranjales pertenecientes a grupos económicos relevantes. Comunidades indígenas y afrodescendientes han denunciado que esta ley legitima el despojo de territorios ancestrales sin consulta previa.
“Esta normativa vulnera la seguridad jurídica de pueblos indígenas y afrodescendientes, permitiendo expropiaciones y desplazamientos forzosos bajo la excusa de ‘seguridad nacional’”, denunció la Red de Defensores Indígenas de la Costa Caribe.
Advertencias múltiples desde Washington
La advertencia sobre confiscaciones no fue la única emitida por Washington. Días antes, el Departamento de Estado incluyó a Nicaragua en la lista de países con “riesgo D”, junto a dictaduras como Corea del Norte, Rusia, Irán y Venezuela. Según la clasificación, los ciudadanos estadounidenses enfrentan un alto riesgo de detención arbitraria en territorio nicaragüense.
Además, el informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado resalta las múltiples violaciones cometidas por el régimen Ortega-Murillo, incluyendo:
- Confiscaciones de medios de comunicación como Radio María, La Prensa, Confidencial y 100% Noticias.
- Persecución transnacional contra opositores y exiliados políticos.
- Restricciones a la libertad de expresión, religión y asociación.
- Casos documentados de tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.
Preocupación creciente entre propietarios
En las zonas afectadas por la franja de confiscación, cientos de propietarios privados y comunidades indígenas expresan temor e incertidumbre. Varios empresarios han denunciado que, tras la aprobación de la ley, ninguna autoridad los ha contactado
ni existe un plan de compensación. En palabras de un ganadero de la zona norte:
“No sabemos qué va a pasar. Esta ley será usada como una espada de Damocles: expropiarán cuando les convenga y según el valor de la propiedad.”
El despojo forzoso se cierne no solo sobre ciudadanos extranjeros, sino también sobre comunidades rurales y territorios indígenas, profundizando el clima de inseguridad jurídica en todo el país.
Alto riesgo para la inversión
Con la nueva Ley de Territorio Fronterizo y las advertencias de Washington, Nicaragua se consolida como un país de alto riesgo para la inversión extranjera y poco respeto por los derechos de propiedad. La estrategia de confiscaciones y militarización impulsada por Ortega y Murillo representa un golpe directo a la seguridad jurídica de miles de ciudadanos y comunidades. Mientras la dictadura profundiza su control sobre el territorio, el país queda cada vez más aislado y sumido en una crisis institucional sin precedentes.
