La ofensiva judicial de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro alcanzó un nuevo hito. La fiscal general, Pamela Bondi, anunció que el país norteamericano ha incautado activos por más de 700 millones de dólares vinculados directamente al dictador venezolano, a quien describió como el “cabecilla de una sociedad criminal” que opera al margen de la ley internacional.
Bondi detalló que esta operación constituye la mayor confiscación de bienes asociados a Maduro en la historia y que forma parte de la estrategia de Washington para debilitar las estructuras financieras que sostienen su régimen. Entre los bienes decomisados se encuentran dos jets de lujo, varias mansiones —incluyendo una en República Dominicana y otras propiedades millonarias en Florida—, una granja de caballos, automóviles de alta gama, millones en joyas y efectivo.
“Esto es crimen organizado, no es diferente de la mafia”, enfatizó Bondi durante una entrevista televisada, subrayando que estas medidas buscan golpear el núcleo económico de una red que, según la justicia estadounidense, se dedica al narcotráfico, lavado de dinero y corrupción a gran escala.
Recompensa histórica y presión militar
En un paso sin precedentes, el Gobierno de Estados Unidos elevó la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro a 50 millones de dólares, el monto más alto ofrecido por un líder extranjero en la historia reciente del país. Esta cifra duplica la recompensa de 25 millones anunciada en 2024, reflejando la creciente prioridad que Washington otorga a su captura.
Horas después, el presidente Donald Trump firmó una directiva que autoriza a las Fuerzas Armadas estadounidenses a actuar contra los cárteles latinoamericanos designados como organizaciones terroristas, incluyendo el Cártel de los Soles, estrechamente vinculado al régimen chavista y a figuras como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.
Según el secretario de Estado Marco Rubio, esta designación habilita al gobierno estadounidense a emplear recursos militares bajo el marco de defensa nacional, no únicamente como una operación de combate al crimen organizado. Rubio señaló que los cárteles relacionados con el chavismo poseen capacidad de fuego, logística y estructura operativa similares a las de grupos terroristas internacionales.
Respuesta desde Caracas
En reacción, Maduro anunció el despliegue de una “ofensiva especial” para reforzar la seguridad en los 24 estados de Venezuela y en Caracas, combinando fuerzas militares, policiales y civiles. El plan incluye la expansión de los llamados cuadrantes de paz, en lo que el dictador describe como una “fusión popular-militar” destinada a blindar el país frente a “amenazas extranjeras”.
El canciller chavista Yván Gil calificó las acciones estadounidenses como una “grave amenaza militar” y acusó a Washington de usar la lucha antidrogas como excusa para imponer una nueva “guerra colonial” en América Latina. En un discurso ante el cuerpo diplomático acreditado en Caracas, Gil pidió a la comunidad internacional rechazar lo que denominó “actos terroristas de la derecha fascista aliada de EEUU”.
El Tren de Aragua en la mira
El Departamento de Estado también ha intensificado su ofensiva contra las organizaciones criminales vinculadas al chavismo. En febrero, el grupo delincuencial Tren de Aragua fue incluido en la lista de organizaciones terroristas extranjeras, junto a la pandilla MS-13 y varios cárteles mexicanos. Esta decisión fortalece la presión diplomática y financiera contra Maduro, aislándolo internacionalmente y limitando la capacidad de operación de sus redes ilícitas.
La estrategia de Washington es clara: golpear al régimen chavista donde más le duele, en sus finanzas y en sus nexos criminales transnacionales, al mismo tiempo que se busca minar la legitimidad política de Maduro y su círculo de poder.
