El más reciente Informe Anual sobre Prácticas de Derechos Humanos 2024, emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, expone un deterioro alarmante en la situación de las libertades y garantías fundamentales en Nicaragua. El documento detalla cómo el régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo intensificó, a lo largo de 2024, su política de control autoritario, profundizando la represión política y social tanto dentro del territorio nacional como más allá de sus fronteras.
Entre las violaciones documentadas se enumeran ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y tratos inhumanos. Asimismo, se reportaron restricciones severas a la libertad de expresión, con periodistas sometidos a amenazas, agresiones y bloqueos informativos. El informe señala que el control gubernamental se extendió al entorno digital, mediante limitaciones en el acceso a internet y la vigilancia permanente de plataformas de comunicación.
Represión más allá de las fronteras
Uno de los aspectos más preocupantes del reporte es la confirmación de que la represión del régimen traspasó los límites territoriales. En el caso de Costa Rica, país que acoge a decenas de miles de exiliados, se documentaron operaciones de acoso y hostigamiento contra opositores nicaragüenses. Según el informe, estas acciones fueron ejecutadas por simpatizantes y parapolicías del Frente Sandinista que ingresaron irregularmente al país vecino, así como por personal vinculado a la embajada de Nicaragua en San José, involucrado en labores de espionaje y coerción.
El texto también denuncia el uso indebido de mecanismos internacionales como las notificaciones rojas de Interpol, con el objetivo de perseguir a voces críticas en el exterior. Uno de los casos citados es la solicitud de extradición de Douglas Gamaliel Álvarez Morales desde Costa Rica.
Aunque no se menciona expresamente en el documento, episodios como el atentado del 10 de enero de 2024 contra los activistas Joao Maldonado y Nadia Robleto han sido señalados por organizaciones de derechos humanos como parte de la misma estrategia represiva. El ataque dejó a Robleto en condición de tetraplejia y evidenció la peligrosidad de la violencia política transnacional.
Restricciones y represión religiosa
El control autoritario también se ejerció mediante la negación de servicios consulares a opositores y sus familias, impidiéndoles obtener pasaportes u otros documentos de viaje. En paralelo, líderes religiosos se convirtieron en blanco de persecución, con al menos nueve sacerdotes detenidos arbitrariamente en 2024, muchos de ellos recluidos sin cargos ni procesos judiciales legítimos.
En la prisión Jorge Navarro, conocida como La Modelo, se documentaron condiciones inhumanas contra más de 150 presos políticos. Los testimonios recabados describen desnutrición forzada, aislamiento prolongado, torturas físicas y psicológicas, así como la privación de objetos religiosos. Casos como el de los reclusos del bloque 300, golpeados entre el 12 y 13 de agosto tras una protesta contra elecciones consideradas fraudulentas en Venezuela, ilustran el nivel de violencia institucional tolerado por las autoridades penitenciarias.
Un patrón de impunidad
El informe subraya que la impunidad es el elemento que perpetúa estos abusos. Ninguno de los responsables de torturas, desapariciones o asesinatos ha enfrentado procesos judiciales. La ausencia de investigaciones independientes y el control absoluto sobre el sistema judicial garantizan la protección de los perpetradores.
En palabras del Departamento de Estado, el régimen nicaragüense no solo carece de voluntad política para frenar las violaciones a los derechos humanos, sino que además utiliza la represión como herramienta sistemática de gobierno, extendiendo su alcance más allá de sus fronteras y vulnerando incluso a quienes buscaron refugio en países como Costa Rica.
