El informe de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos correspondiente a 2024 expone la persistente persecución de opositores nicaragüenses en el exilio, específicamente en Costa Rica. Según el reporte, exiliados han denunciado la presencia de paramilitares y simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional —el partido en el poder— que operan fuera de las fronteras nicaragüenses para hostigar, vigilar y amenazar a quienes se han refugiado en el país vecino.
El informe detalla que agentes del régimen y funcionarios de inteligencia destacados en la Embajada de Nicaragua en San José participan en actividades de vigilancia que incluyen seguimiento físico, toma de fotografías y envío de mensajes directos con amenazas a exiliados y a miembros de organizaciones de la sociedad civil. “Ciertas organizaciones creadas por exiliados en Costa Rica reportaron haber sido vigiladas fuera de sus oficinas, con personas desconocidas tomando fotografías de quienes entraban y salían. Además, miembros del personal recibieron mensajes de texto con amenazas, recordándoles agresiones pasadas contra nicaragüenses en Costa Rica”, señala el reporte.
Eduardo Trejos Lalli, exjefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) de Costa Rica, corroboró que entre 2018 y 2022 recibieron múltiples denuncias de exiliados sobre funcionarios de la dictadura que operaban desde la embajada, la cual, según Trejos, contaba con un exceso de personal que facilitaba estas acciones de hostigamiento.
Uso indebido de Interpol
El informe estadounidense documenta que el régimen Ortega-Murillo intentó manipular las alertas rojas de Interpol para perseguir opositores políticos, incluidos miembros del clero católico exiliado. Uno de los casos citados fue el del líder opositor Douglas Gamaliel Álvarez Morales, extraditado desde Costa Rica tras la emisión de una Notificación Roja por parte del gobierno nicaragüense. Asimismo, en diciembre de 2022, el régimen solicitó la captura del sacerdote Uriel Vallejos, quien se vio obligado a abandonar el país tras permanecer bajo asedio policial y confinamiento temporal en el Seminario Interdiocesano de Managua.
Vigilancia y hostigamiento a familiares
El informe también documenta que el régimen extiende la persecución a los familiares de los exiliados, sometiéndolos a vigilancia, detenciones arbitrarias y restricciones administrativas. Entre estas violaciones se incluyen la negación de documentos públicos esenciales, como partidas de nacimiento de menores o pasaportes, y la imposición de condiciones para obtenerlos que obligan a la presencia de padres previamente exiliados.
Además, las oficinas consulares nicaragüenses en el exterior han negado sistemáticamente la emisión de documentos a ciudadanos opositores, impidiéndoles incluso viajar a terceros países. El informe señala también que las autoridades del régimen han instruido a aerolíneas y empresas de transporte a notificar a los pasajeros nicaragüenses que se les impedirá ingresar al país, consolidando así un control arbitrario sobre la movilidad de los ciudadanos y extendiendo la represión más allá de las fronteras.
En conjunto, el informe del Departamento de Estado revela un patrón sistemático de persecución transnacional, donde la dictadura sandinista no solo limita la libertad de expresión y de organización dentro del país, sino que extiende su aparato de represión hacia los exiliados y sus familias, vulnerando derechos humanos fundamentales de manera deliberada y sostenida.
