El 5 de agosto de 2025, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó por unanimidad la Ley N.º 128, conocida como la Ley de Territorio Fronterizo. Esta legislación declara propiedad del Estado toda franja de tierra ubicada a menos de 15 kilómetros de las fronteras nacionales, afectando más de 18,000 kilómetros cuadrados de territorio, incluyendo viviendas, pueblos, fincas, playas y zonas protegidas. La ley ha generado preocupación y denuncias por lo que analistas, opositores y juristas califican como una “confiscación masiva” sin precedentes.
Concentración de Poder y Desprotección de Derechos
La nueva legislación otorga al Estado el control total de las zonas fronterizas, colocando su resguardo bajo el control del Ejército de Nicaragua. Esta medida elimina la normativa anterior que reconocía derechos de propiedad, especialmente de comunidades indígenas y afrodescendientes, y que establecía zonas de desarrollo y protección diferenciadas. La ley suprime los principios de “desarrollo sostenible” y “armonía con el medioambiente” que sí estaban presentes en la ley anterior, concentrando todo el dominio territorial en el Estado sin reconocer derechos preexistentes.
Según el portal Confidencial, la nueva ley ha sido calificada como “confiscatoria” por expertos, ya que suprime la normativa anterior que reconocía derechos de propiedad, especialmente de comunidades indígenas y afrodescendientes, y que establecía zonas de desarrollo y protección diferenciadas. La ley suprime los principios de “desarrollo sostenible” y “armonía con el medioambiente” que sí estaban presentes en la ley anterior, concentrando todo el dominio territorial en el Estado sin reconocer derechos preexistentes.
Además, la ley elimina toda mención a restricciones para extranjeros y simplemente declara que los 15 kilómetros desde la línea fronteriza hacia el interior del país son propiedad exclusiva del Estado nicaragüense. Al borrar las categorías previas como “zona de seguridad” o “zonas especiales de protección”, donde se reconocían derechos diferenciados y limitaciones a la propiedad, la nueva legislación abre un vacío legal que podría facilitar la legalización de concesiones extractivas otorgadas a empresas extranjeras, incluso en territorios donde antes no se permitía ninguna forma de apropiación.
Impacto en Comunidades Fronterizas
La ley afecta directamente a al menos 27 municipios y representa una nueva muestra de la inseguridad jurídica en el país. Comunidades enteras como San Carlos, El Castillo, Sapoa, San Juan de Nicaragua, Cárdenas, Somotillo, Waspam y Jalapa, entre otras, se verán afectadas por esta medida. La ley no establece mecanismos claros de compensación ni consulta previa para las comunidades y propietarios que se verán afectados, lo que ha generado fuertes cuestionamientos.
Según el economista nicaragüense Juan Sebastián Chamorro, declarar propiedad estatal un radio de 15 kilómetros a lo largo de todas las fronteras no solo afectará ciudades enteras, sino también negocios, cultivos y actividades productivas como camaroneras y plantaciones de naranja, entre otras. La falta de mecanismos claros de compensación y consulta previa para las comunidades y propietarios que se verán afectados ha generado fuertes cuestionamientos.
Reacciones Internacionales
La promulgación de esta ley ha generado alertas internacionales. Según el portal Business & Human Rights Resource Centre, analistas, opositores y juristas califican la ley como una “confiscación masiva” sin precedentes. La falta de transparencia en el proceso legislativo y la concentración de poder en el Estado han sido motivo de preocupación para organismos internacionales y defensores de derechos humanos.
En resumen, la Ley de Territorio Fronterizo representa una concentración de poder sin precedentes en Nicaragua, vulnerando derechos de propiedad y afectando a comunidades enteras. La falta de mecanismos claros de compensación y consulta previa para las comunidades y propietarios afectados, junto con la eliminación de normativas que protegían derechos indígenas y ambientales, plantea serias preocupaciones sobre el respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos en el país.
