El 5 de agosto de 2025, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó por unanimidad la Ley N.º 128, conocida como la Ley de Territorio Fronterizo. Esta legislación declara propiedad del Estado toda franja de tierra ubicada a menos de 15 kilómetros de las fronteras nacionales, afectando más de 18,000 kilómetros cuadrados de territorio, incluyendo viviendas, pueblos, fincas, playas y zonas protegidas. Aunque el régimen justifica esta medida como una estrategia para reforzar la soberanía y seguridad nacional, diversos analistas y organizaciones civiles advierten que esta ley facilita la expropiación masiva de tierras, especialmente en áreas ricas en recursos naturales y biodiversidad.
Facilitando la Expropiación para Concesiones Mineras Chinas
La Ley de Territorio Fronterizo ha sido implementada en un contexto donde el régimen de Ortega ha otorgado numerosas concesiones mineras a empresas chinas en zonas fronterizas. Según informes de Confidencial, el gobierno ha concedido más de 100,000 hectáreas a empresas como Thomas Metal S.A., ubicadas en áreas protegidas como la Reserva de Biosfera del Sureste de Nicaragua. Estas concesiones incluyen lotes como ‘La Guinea’, que intersectan no solo la reserva, sino también el Territorio Indígena Rama y Kriol y el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan. La Fundación del Río ha denunciado que estas concesiones violan la legislación indígena y ambiental vigente, y que la Ley de Territorio Fronterizo ha sido utilizada para legalizar estas concesiones de manera arbitraria.
Impactos Ambientales y Sociales
La expansión de la minería en zonas fronterizas no solo pone en riesgo los derechos territoriales de comunidades indígenas y afrodescendientes, sino que también amenaza ecosistemas vitales. La minería a gran escala puede causar deforestación, contaminación de fuentes hídricas y pérdida de biodiversidad. Además, la falta de consulta previa y compensación justa a las comunidades afectadas agrava la situación, vulnerando derechos fundamentales y exacerbando la desigualdad social.
Un Proyecto de Control y Explotación
La implementación de la Ley de Territorio Fronterizo y la concesión de tierras a empresas mineras chinas reflejan una estrategia del régimen para consolidar el control sobre territorios ricos en recursos naturales. Esta concentración de poder no solo debilita la soberanía local y la autonomía de las comunidades, sino que también abre las puertas a la explotación indiscriminada de los recursos del país en beneficio de intereses extranjeros, sin considerar los costos ambientales y sociales que ello conlleva.
En conclusión, la Ley de Territorio Fronterizo representa una amenaza significativa para la soberanía nacional, los derechos de las comunidades locales y la conservación del medio ambiente en Nicaragua. Es imperativo que la sociedad civil, las organizaciones ambientales y la comunidad internacional se unan para exigir la revisión y derogación de esta ley, y para promover políticas que prioricen el bienestar de la población y la protección de los recursos naturales del país.
