En agosto de 2025, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma constitucional que crea la Procuraduría General de Justicia, una institución que fusiona las funciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ministerio Público. Esta reforma, impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha sido presentada como una medida para fortalecer la lucha contra la corrupción y garantizar la justicia en el país. Sin embargo, diversos analistas y organizaciones civiles advierten que esta consolidación de poderes representa un paso más hacia la concentración autoritaria y la represión institucionalizada en Nicaragua.
Contexto de la Reforma
La reforma constitucional fue aprobada el 6 de agosto de 2025 y modifica los artículos 132, 159 y 160 de la Carta Magna. Según la exposición de motivos, la nueva Procuraduría General de Justicia asumirá las funciones del Ministerio Público y otros organismos similares, con el objetivo de “garantizar el resguardo del patrimonio nacional del Estado y el pueblo nicaragüenses” .
La nueva institución estará integrada por los órganos de la actual PGR y el Ministerio Público, y su función principal será la “representación legal y defensa” de los intereses del Estado y del pueblo nicaragüense. Además, se eliminará del artículo 159 toda referencia al Ministerio Público, concentrando así el poder judicial en una única entidad controlada directamente por el Ejecutivo .
Críticas y Repercusiones
La creación de la Procuraduría General de Justicia ha generado diversas críticas tanto a nivel nacional como internacional. Abogados y analistas señalan que esta reforma debilita aún más la independencia del poder judicial y consolida el control del régimen sobre el sistema de justicia. La eliminación del Ministerio Público como entidad autónoma y su absorción por una institución controlada por el Ejecutivo es vista como un paso hacia la institucionalización de la represión política y la criminalización de la disidencia .
Además, la concentración de funciones en una sola institución plantea riesgos significativos para la transparencia y la rendición de cuentas. La falta de separación de poderes y la subordinación del sistema judicial al Ejecutivo pueden facilitar el abuso de poder y la impunidad, especialmente en casos de corrupción o violaciones de derechos humanos cometidas por actores del régimen .
Organizaciones internacionales como Human Rights Watch han expresado su preocupación por el impacto de esta reforma en el estado de derecho en Nicaragua. La consolidación del poder judicial en manos del Ejecutivo podría agravar la situación de los derechos humanos en el país y limitar aún más las posibilidades de acceso a la justicia para las víctimas de abusos .
Conclusión
La creación de la Procuraduría General de Justicia en Nicaragua representa un cambio significativo en la estructura del sistema judicial del país. Si bien el régimen lo presenta como una medida para fortalecer la lucha contra la corrupción y garantizar la justicia, las reformas realizadas apuntan a una mayor concentración de poder en el Ejecutivo y a una mayor subordinación del poder judicial. Esta centralización del poder judicial plantea serias preocupaciones sobre la independencia del sistema judicial y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua.
Es fundamental que la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos continúen monitoreando de cerca la implementación de esta reforma y sus implicaciones para el estado de derecho en Nicaragua. La consolidación de un sistema judicial independiente y transparente es esencial para garantizar la justicia y proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
