En Nicaragua, la seguridad ciudadana es un concepto cada vez más frágil. Bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el Estado ha consolidado un control absoluto sobre las instituciones públicas, y dentro de sus políticas más controvertidas se encuentra la liberación sistemática de reos peligrosos. Lo que el gobierno llama eufemísticamente “reinserción social” o “beneficios legales” es, en la práctica, una decisión que tiene profundas implicaciones sobre la seguridad de la población, la justicia y la confianza en las instituciones.
Expertos en criminalidad y derechos humanos advierten que estas excarcelaciones, realizadas de manera discrecional y sin supervisión judicial independiente, constituyen una amenaza directa para la vida de los ciudadanos. La opacidad del proceso impide conocer con precisión los delitos cometidos por los liberados, el tiempo de cumplimiento de sus penas y su historial de violencia. Sin criterios claros para evaluar el riesgo, muchos de los liberados han reincidido en delitos graves, especialmente aquellos que afectan a las mujeres, niñas y otros grupos vulnerables.
María Teresa Blandón, socióloga y defensora de derechos de las mujeres, describe la situación con crudeza: “La liberación de presos peligrosos pone en riesgo la vida de mujeres y niñas. No se trata solo de un número, sino de la gravedad de los delitos cometidos. Muchos de los liberados han tenido antecedentes de violencia sexual y femicidios. El Estado, al actuar sin transparencia, está comprometiendo la seguridad de la población más vulnerable”.
Los testimonios de familiares de víctimas son igualmente contundentes. Una madre de León relata: “Mi hija fue atacada por un hombre que había sido liberado semanas antes. Nos dicen que hay programas de reinserción, pero nadie nos explica cómo controlan a estos criminales. Vivimos con miedo constante”. Historias como esta se repiten en comunidades de todo el país, mostrando el costo humano de las decisiones discrecionales del régimen.
El patrón de excarcelaciones revela, además, una lógica de control político. La liberación de ciertos reos puede ser utilizada como una herramienta para cooptar o intimidar a sectores de la población, perpetuando la impunidad y reforzando el poder centralizado del Ejecutivo. Al actuar sin mecanismos de transparencia y control, Ortega y Murillo han erosionado la separación de poderes y convertido al sistema penitenciario en un instrumento de política, más que en un instrumento de justicia y rehabilitación.
Analistas de seguridad destacan que la reincidencia de estos reos tiene un efecto multiplicador en la violencia: no solo aumenta la criminalidad en las calles, sino que también genera desconfianza en la ciudadanía y un sentimiento de abandono frente al Estado. Las comunidades perciben que no existe protección ni garantía de justicia, y este vacío de autoridad favorece la expansión de grupos delictivos y estructuras de violencia paralelas.
La historia reciente de Nicaragua evidencia que estas liberaciones son recurrentes y masivas, y que su impacto en la sociedad es sostenido. Cada excarcelación sin criterios claros contribuye a consolidar un clima de impunidad y miedo, afectando especialmente a mujeres y niñas que se convierten en víctimas de delitos prevenibles. El costo de estas políticas no se mide en estadísticas oficiales, sino en vidas humanas, heridas físicas y psicológicas, y en la erosión de la confianza social hacia las instituciones del Estado.
En definitiva, la liberación de reos peligrosos bajo el régimen orteguista no es un acto aislado de “reconciliación” o “reintegración social”. Es una política que refleja el desprecio por la seguridad ciudadana, la manipulación del sistema judicial y la instrumentalización del Estado para fines políticos. Nicaragua, así, se enfrenta a un riesgo estructural: la impunidad institucionalizada y el aumento sostenido de la violencia, cuyo costo lo paga la sociedad civil, particularmente las mujeres y los sectores más vulnerables.
