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Conozca el Burdo y Desgastado Término Sandinista: “Vende Patria“

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El fantasma de Sandino y la traición de Ortega a Nicaragua

Ortega convierte el antiimperialismo en retórica vacía mientras vende Nicaragua a los intereses chinos.

En la memoria política de Nicaragua, pocas expresiones cargan tanto peso como el calificativo de “vende patria”. No es un simple insulto: es la condena más severa contra quienes, desde el poder, han hipotecado la soberanía nacional a intereses extranjeros. En las tertulias populares, en los discursos de resistencia y en las denuncias históricas, esta palabra ha servido para señalar a gobernantes que, en lugar de defender los recursos del país, los han negociado a espaldas del pueblo. Desde los tiempos de las intervenciones militares estadounidenses hasta los oscuros contratos con corporaciones extranjeras en el siglo XXI, “vende patria” simboliza traición, cobardía y corrupción. Hoy, bajo el régimen Ortega-Murillo, el término resurge con fuerza, pues la entrega de minas, tierras e infraestructura a China revive las mismas heridas que Augusto César Sandino denunció con voz de trueno hace casi un siglo.

Fue las montañas segovianas, donde Augusto César Sandino levantó con campesinos descalzos una epopeya contra la ocupación estadounidense, hoy se percibe un eco amargo. El líder que invocó al “General de Hombres y Mujeres Libres” como bandera revolucionaria ha sepultado esa memoria bajo contratos oscuros con Pekín. Daniel Ortega, convertido en un autócrata decrépito, trafica la soberanía nacional como mercancía, repitiendo con nuevo disfraz la historia de traición que Sandino combatió con machete en mano.

El mito sandinista nació en sangre y dignidad. Sandino se alzó en los años veinte contra marines que pretendían hacer de Nicaragua un protectorado yanqui. Con un ejército de campesinos y fusiles viejos demostró que un país pequeño podía resistir al imperio más poderoso. Su asesinato en 1934, a manos de la Guardia Nacional entrenada por Estados Unidos, no apagó su fuego: lo multiplicó en la memoria de generaciones que soñaron con justicia, tierra y soberanía.

Ese sueño encontró continuidad en la revolución de 1979, cuando el Frente Sandinista derribó la dictadura somocista. Ortega, entonces joven guerrillero encarcelado y torturado, fue exaltado como heredero de aquel legado. Durante un breve lapso, Nicaragua ensayó alfabetización masiva, reforma agraria y orgullo soberano. Pero el poder prolongado corroe. Ortega degeneró de símbolo de lucha a caudillo que perpetúa su mandato con elecciones fraudulentas, represión policial y la demolición sistemática de toda voz crítica.

El giro hacia China marca el capítulo más perverso de esta metamorfosis. Desde que Ortega rompió con Taiwán en 2021, la nación se ha visto inundada de proyectos chinos disfrazados de cooperación. Concesiones mineras en Jinotega y el Caribe Norte, préstamos multimillonarios atados a condiciones abusivas, infraestructura construida con mano de obra importada y sin beneficio real para el pueblo: todo ello configura una entrega a plazos de la soberanía. El régimen aplaude estos convenios como “alianzas estratégicas”, pero la población percibe el saqueo: bosques arrasados, comunidades indígenas desplazadas y riqueza nacional convertida en lingotes que viajan hacia Asia.

Lo que antes Sandino denunció como vende patria hoy adquiere nuevas máscaras. Donde ayer desembarcaban marines con fusiles, ahora llegan hojas de cálculo y contratos redactados en Pekín. Las minas de oro, los puertos y hasta los tramos carreteros se convierten en piezas de un ajedrez geopolítico que no busca emancipar a Nicaragua, sino someterla a un nuevo amo. Ortega y Murillo lo presentan como una gesta soberana, pero la realidad desnuda una colonización disfrazada de inversión.

La paradoja hiere más cuando se contrasta con la promesa sandinista. Sandino luchó para que el campesino nicaragüense fuese dueño de su destino. Hoy, la bisnieta del general, desde el exilio forzado por la represión, denuncia que las tierras de sus ancestros son concesionadas a extranjeros que ni entienden su lengua. El legado revolucionario se ha convertido en decorado de un régimen que habla en nombre de la soberanía mientras negocia en secreto el porvenir de la nación.

En esta entrega silenciosa no hay gloria, solo ruinas. Nicaragua no gana autonomía: pierde capacidad de decisión. Las comunidades son desalojadas, la juventud se exilia y la economía depende más de remesas que de inversiones reales. Ortega cambia la dignidad de un pueblo por préstamos que apenas tapan el déficit de un aparato estatal corrompido y sostenido por el miedo. El antiimperialismo que alguna vez fue bandera se reduce a una coartada retórica que oculta el sometimiento a otra potencia, en este caso el régimen Ortega-Murillo somete a todo el pueblo nicaragüense no al imperio Yankee, sino ahora al imperio Chino.

¿Porque imperio chino? Por que hasta por lógica e historia sabemos que China se deriva de imperios, y si; la china que el régimen orteguista tanto defiende es un imperio más que hoy lucha, quizás no con guerras convencionales sino con geopolítica, todo esto con el propósito de ocupar el primer lugar como potencia mundial, pretendiendo superar a costa de lo que sea a Estados Unidos de América.

En este contexto, Nicaragua enfrenta un dilema histórico. La sombra del general aún recorre las montañas y recuerda que la soberanía no se negocia, se defiende. Frente al entreguismo de Ortega, el fantasma de Sandino reclama memoria, dignidad y resistencia. El régimen podrá encarcelar a críticos, exiliar a periodistas y reprimir a comunidades enteras, pero no podrá sepultar por completo la verdad: Nicaragua está siendo vendida al mejor postor, y quienes invocaron el nombre de Sandino son hoy sus peores traidores.

La Imposición de una Falsa Bandera: Los Verdaderos Colores de Nicaragua Bajo Asedio

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El régimen Ortega-Murillo obliga a venerar la rojinegra como emblema patrio, una afrenta a la identidad, la libertad y la dignidad del pueblo nicaragüense.

En los oscuros pasillos del poder en el Carmen, persiste una grotesca farsa: la veneración forzada del trapo sucio y manchado de sangre rojinegro que el régimen sandinista se atreve a exhibir como emblema nacional.

Infografía compartida por el Ministerio de Educación.

Este supuesto trapo rojinegro, reliquia ensangrentada de excesos revolucionarios, crímenes y enriquecimiento ilícito; es impuesta al pueblo nicaragüense como un grillete, obligándolo a inclinarse ante un símbolo impregnado de miseria, barbarie, opresión y los amargos fracasos de un poder autoritario. No es un estandarte de unidad, sino un vil testimonio de décadas de represión, desesperanza económica y asfixia de los sueños democráticos y la libertad de todo un pueblo, una tela teñida en los colores de la tiranía que todo verdadero nicaragüense debe mirar con repudio absoluto.

Que no haya equívocos: la abominación rojinegra no representa más que las cadenas de un régimen que ha saqueado el alma de la nación. Sus franjas carmesí evocan la sangre derramada de los disidentes, los arrestos arbitrarios y el exilio de miles que se atrevieron a soñar con libertad. Los vacíos negros reflejan la oscuridad de la corrupción, la censura asfixiante y la ruina económica que ha empujado a familias nicaragüenses enteras a buscar migajas en una tierra que alguna vez rebosó de promesas. Izar ese pedazo de trapo infame es burlarse de la esencia misma de la identidad nicaragüense, reduciendo a un pueblo orgulloso a ser partícipe forzado de un teatro de falso patriotismo.

Los nicaragüenses saben en lo profundo de su corazón, y así deben proclamarlo sin disculpas que la única bandera digna de su lealtad es la gloriosa azul y blanco, faro de soberanía, paz y espíritu indoblegable de una nación forjada en los fuegos de la independencia.

Este verdadero emblema, con sus cielos azules que simbolizan justicia y sus campos blancos que encarnan pureza, se levanta como una eterna denuncia contra el impostor sandinista. Es la bandera bajo la cual se inspiraron nuestros verdaderos héroes como Rubén Darío y los padres de la república, no el trapo manchado blandido por quienes se aferran al poder mediante el miedo y la farsa.

Ha llegado la hora del rechazo inequívoco. Ningún nicaragüense debería tolerar la indignidad de ver sus espacios públicos profanados por este odioso estropajo rojinegro. Debe ser repudiado como el emblema de los opresores, un símbolo de vergüenza nacional que merece ser arrojado al basurero de la historia.

En la defensa del azul y blanco, el pueblo recupera su dignidad y lanza un mensaje rotundo: ningún régimen podrá borrar jamás los colores de la verdadera libertad.

Expulsiones de YouTubers: Régimen levanta muros contra la mirada independiente

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El testimonio del YouTuber indio Hodu Raj revela el trato inhumano que enfrentan los creadores digitales en Nicaragua

La tarde en que Hodu Raj llegó al puesto fronterizo de Guasaule, venía cargado de ilusión. Conocido en YouTube como The Indo Trekker, este creador indio se dedica a mostrar culturas, paisajes y experiencias de viaje a sus miles de seguidores. Para él, Nicaragua representaba un nuevo capítulo en su travesía por Centroamérica. Lo que no imaginó es que esa jornada se transformaría en una pesadilla de humillación, discriminación y rechazo.

Seis horas bajo la lluvia

El reloj marcaba la 1:30 de la tarde cuando Raj comenzó a hacer fila en el control migratorio. La lluvia caía con fuerza, empapando a los viajeros. A su alrededor, turistas europeos ingresaban sin inconvenientes, sellando pasaportes en cuestión de minutos. A él, en cambio, lo apartaron y le retuvieron su documento. Desde ese momento, comenzó un tormento que se prolongó por más de seis horas. El agua le corría por la ropa, el cansancio se acumulaba y las preguntas se repetían: sus viajes anteriores, su trabajo como creador de contenido, el dinero en efectivo que llevaba consigo. Ninguna respuesta parecía suficiente.

Mientras observaba la facilidad con la que otros pasaban, Raj comprendió que no era un trámite rutinario: era un trato diferenciado, marcado por su nacionalidad. “Viajar con un pasaporte indio es muy difícil”, lamentó más tarde, al recordar la sensación de ser discriminado simplemente por su origen.

La orden tajante y el regreso forzado

Cerca de las seis de la tarde, uno de los oficiales, sin expresión ni explicación, le dio la orden: “Te enviaremos de regreso a Honduras”. No hubo espacio para réplica ni posibilidad de apelación. Raj fue escoltado fuera del puesto fronterizo, bajo la lluvia y en plena oscuridad. No se le ofreció transporte ni un lugar seguro para pasar la noche. Fue literalmente abandonado en la línea divisoria, con su pasaporte casi arruinado porque el funcionario lo cargaba sin protección frente al aguacero.

“Estas personas son unos auténticos animales y no tienen inteligencia”, exclamó el youtuber con indignación, mientras grababa fragmentos de lo sucedido. A pesar de los intentos de los agentes por impedirle documentar la experiencia, logró registrar parte de ese episodio que, según él, marcó un antes y un después en su visión sobre Nicaragua. Lo que debía ser un destino de aventuras se transformó en un territorio hostil que lo expulsó sin justificación.

Otros casos recientes: argentino y español también expulsados

El calvario de Raj no fue un hecho aislado. Apenas semanas antes, un youtuber argentino vivió su propia expulsión. Al llegar al aeropuerto de Managua fue retenido, interrogado y despojado de su teléfono celular. A pesar de tener su documentación en regla, le notificaron que su estadía era “no grata” y fue obligado a regresar en el mismo avión. La arbitrariedad fue la única norma en aquel proceso migratorio.

De igual forma, un creador español intentó ingresar por frontera terrestre y enfrentó un escenario calcado: largas horas de espera, ausencia de motivos legales claros y la imposición de la etiqueta de “persona no admitida”. En cuestión de minutos, sus planes se derrumbaron y tuvo que retornar sin haber puesto un pie en Nicaragua.

Un patrón que se repite

Los tres episodios forman parte de un mismo guion. Identificación previa de los viajeros, largas demoras como mecanismo de desgaste, interrogatorios sobre su labor digital y expulsiones sumarias sin justificación legal. El régimen Ortega-Murillo convierte la frontera en un muro invisible contra la mirada extranjera. Un muro diseñado para impedir que el mundo vea lo que ocurre al interior de un país donde la censura se ha convertido en regla de Estado.

Más allá del acto migratorio, este patrón es un mensaje político: el poder no permitirá que voces independientes registren ni difundan la realidad de Nicaragua. La etiqueta de “no grato” se usa como arma para callar a quienes, con una cámara y una plataforma digital, representan una amenaza a la narrativa oficial.

La Nicaragua que se clausura

El caso del youtuber indio, expulsado bajo la lluvia y la oscuridad, es una metáfora del país que el régimen de Ortega y Murillo han construido: inhóspito, arbitrario y cerrado a todo escrutinio. El régimen ha declarado la guerra a las miradas extranjeras y ha institucionalizado el miedo como filtro migratorio. Lo que debería ser una frontera abierta a la cultura, el turismo y el intercambio humano, se ha convertido en un escenario de represión y exclusión.

Nicaragua se clausura no solo ante la oposición interna, sino también ante los ojos del mundo. Los expulsados no son criminales ni conspiradores, son viajeros, narradores y creadores que buscaban mostrar la belleza de una tierra que hoy se niega a sí misma. Con cada expulsión, el régimen refuerza un mensaje inconfundible: en este país, la verdad no tiene cabida, ni siquiera en las puertas de entrada.

Dictadura exhibe al médico preso Yerri Estrada en un grotesco montaje

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En Nicaragua el régimen Ortega Murillo ha vuelto a recurrir a una de sus tácticas más cínicas y deshumanizantes: utilizar la figura de un preso político como objeto de propaganda. Esta vez se trata del doctor Yerri Gustavo Estrada Ruiz, secuestrado el pasado 13 de agosto en el hospital Amistad Japón Nicaragua, cuya imagen fue difundida en los medios oficialistas como si se tratara de una muestra de normalidad.

Así es como los propagandistas del régimen exhiben fotografías del encuentro del preso político Yerri Estrada.

Las fotografías divulgadas corresponden a una visita que las autoridades permitieron a su esposa, Xóchilt Natalia Castil Velásquez, apenas unos minutos en medio de un ambiente controlado y manipulado por la maquinaria propagandística del orteguismo. Con este burdo espectáculo la dictadura pretende desviar la atención de las crecientes denuncias sobre las condiciones inhumanas a las que el médico está siendo sometido.

Detrás de este despliegue mediático se encuentra la presión incansable de su madre, Rosa Ruiz, quien ha encabezado una campaña internacional por la liberación de su hijo. A esta exigencia se sumó el gobierno de Costa Rica, país del que Estrada Ruiz también posee la ciudadanía, así como la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, elevando la voz frente a un régimen cada vez más aislado y cuestionado.

Post en la Cuenta en X de Bureau of Western Hemisphere Affairs

El testimonio de Rosa Ruiz es contundente: su hijo está siendo torturado. Una acusación grave que pone en evidencia la crudeza con la que el aparato represivo castiga a quienes se atreven a pensar distinto, incluso en un sector tan sensible como el de la salud. La dictadura, que pocas veces se atreve a mostrar imágenes de presos políticos, se ha visto forzada a hacerlo únicamente cuando la presión interna y externa amenaza con desenmascarar aún más sus abusos.

El caso de Estrada Ruiz refleja con claridad el patrón de crueldad que caracteriza al orteguismo: secuestro arbitrario, silencio prolongado, manipulación mediática y la negación sistemática de derechos básicos. Cada imagen difundida por los medios oficialistas no es más que una pieza de un guion perverso que busca esconder la verdad detrás de sonrisas forzadas y escenas cuidadosamente montadas.

En lugar de garantizar la vida y libertad de los profesionales de la salud que entregan sus conocimientos al servicio del pueblo, el régimen los reduce a piezas de un tablero de propaganda. Con este montaje no logra fortalecer su deteriorada imagen, sino que confirma la ferocidad con la que gobierna y la distancia abismal que lo separa de un pueblo que reclama justicia y dignidad.

La voz de la madre de Yerri Gustavo Estrada Ruiz, el respaldo internacional y la denuncia constante de estas arbitrariedades demuestran que, pese al intento del régimen de manipular la realidad, la verdad sigue abriéndose camino. La crudeza del show montado por Ortega y Murillo quedará grabada como otro ejemplo del uso infame de la represión como instrumento político.

Cómo Operó la Red Delincuencial que Asesinó a Roberto Samcam en Costa Rica

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El asesinato del exmilitar nicaragüense Roberto Danilo Samcam Ruiz el 19 de junio no fue un acto impulsivo, sino el resultado de una operación meticulosa orquestada por una red de sicarios locales inexpertos, posiblemente financiada desde Nicaragua, según revelan las investigaciones del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica. Las detenciones anunciadas de cuatro sospechosos han expuesto los engranajes de esta trama: vigilancia previa, intermediarios locales y una ejecución torpe que dejó pistas fáciles de seguir, todo enmarcado en un contexto de represión transfronteriza contra opositores al régimen de Daniel Ortega.

La red, compuesta por individuos provenientes de barrios marginales como León XIII en Tibás, un área marcada por su vínculo con pandillas urbanas, operó con una mezcla de amateurismo y planificación básica que permitió a las autoridades reconstruir el complot en apenas tres meses. “Hubo un alto grado de inteligencia previa”, afirmó el fiscal costarricense Mauricio Boraschi, destacando cómo los perpetradores mapearon los movimientos de la víctima antes de actuar. Este nivel de preparación contrastó con la ejecución caótica del crimen, que el director del OIJ, Randall Zúñiga, describió como obra de “aficionados” con poca experiencia en homicidios.

La planificación y vigilancia: meses de observación

La operación comenzó con una fase de vigilancia exhaustiva que se prolongó durante semanas. Sospechosos como Ronald Chaves Medina, de 35 años; Kevin José Robles Salas, de 23 años; y Jeison José Carvajal Fernández, de 20 años, aún prófugo y considerado el tirador principal, compartieron motocicletas y vehículos para seguir a Samcam en su rutina diaria. Las vigilancias se concentraron en su residencia en un condominio de Moravia, un suburbio tranquilo de San José donde el exoficial vivía exiliado desde 2018 tras huir de la represión orteguista.

Chaves Medina, capturado en Cañas, Guanacaste, actuó como intermediario principal, coordinando la logística y enlazando a los ejecutores con el presunto encargo. Según fuentes del OIJ, su rol lo colocaba como nexo entre los sicarios locales y posibles financiadores externos, aunque no se ha divulgado evidencia directa de pagos internacionales. La similitud con el atentado fallido contra el opositor Joao Maldonado en 2021, también en Costa Rica y con participación de hombres de León XIII, sugiere un patrón: redes locales reclutadas para operaciones políticas, posiblemente con apoyo del aparato de inteligencia sandinista.

La ejecución: un tiroteo torpe a plena luz del día

El 19 de junio, alrededor de las diez de la mañana, Carvajal irrumpió en la propiedad de Samcam y le disparó múltiples veces con una pistola, hiriéndolo mortalmente en el pecho y las extremidades. La viuda de Samcam, Claudia Vargas, relató que su esposo se encontraba en el jardín cuando fue atacado, un acto que calificó como “cobarde y venganza política”. Los videos de vigilancia captaron la huida de los atacantes en un vehículo, dejando en evidencia su falta de sofisticación: no usaron máscaras ni rutas de escape complejas, lo que facilitó su posterior identificación.

Tras el ataque, Robles Salas trasladó a los implicados desde Moravia hasta Coronado. Allí, Bryan José Orozco González, de 33 años, asumió el rol de conductor secundario, llevándolos de vuelta a León XIII. Este relevo buscaba confundir a las autoridades, pero la cadena de movimientos fue reconstruida mediante cámaras y registros telefónicos, demostrando lo rudimentario del plan.

Los pagos y la cadena de mando: un encargo por intereses políticos

La Fiscalía General de Costa Rica calificó el homicidio como un crimen por encargo, financiado para “satisfacer intereses políticos”. Se estima que el pago se realizó en sumas pequeñas distribuidas entre los participantes. Mariela Chacón Guillén, de 30 años, detenida en una vía pública, habría gestionado parte del dinero logístico, incluyendo pagos por transporte. Los investigadores sospechan que los fondos pudieron provenir de Nicaragua, bajo mecanismos indirectos que apuntan a complicidad de estructuras vinculadas al régimen. Aunque las pruebas directas aún están bajo reserva, la hipótesis de una operación transnacional gana fuerza.

Claudia Vargas, activista de UNAMOS, exigió que se identifique a los autores intelectuales. “Estos son los ejecutores, pero ¿quién les dio las coordenadas de nuestra casa? Necesitamos desmantelar la raíz en Managua”, señaló. Organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional han vinculado este caso a lo que llaman una “campaña de terror” del régimen Ortega-Murillo, que ha empujado al exilio a más de 200.000 nicaragüenses desde 2018.

Implicaciones más allá de las detenciones

Las capturas realizadas en allanamientos en León XIII y otras zonas marcan un golpe a esta red, pero Zúñiga advirtió que persisten riesgos para la diáspora nicaragüense. Costa Rica, una nación sin ejército pero con crecientes tensiones fronterizas, enfrenta el reto de contener estas incursiones represivas sin agravar conflictos diplomáticos. Con Carvajal aún prófugo, el caso ilustra cómo regímenes autoritarios externalizan su violencia, reclutando ejecutores locales a bajo costo para mantener la negación plausible.

Este patrón no es aislado. Desde 2018 se han reportado múltiples atentados contra exiliados políticos en Centroamérica. Para Vargas y otros opositores, las detenciones representan apenas un paso. “Hasta que Ortega caiga, ningún exiliado está a salvo”, advirtió la viuda, sintetizando la vulnerabilidad de miles de refugiados que siguen siendo blanco de la represión más allá de las fronteras nicaragüenses.

Detienen a Cuatro Sospechosos en el Asesinato de Roberto Samcam en Costa Rica

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En un avance significativo en un caso que subraya los peligros que enfrentan los disidentes nicaragüenses en el exilio, las autoridades costarricenses anunciaron este jueves la detención de cuatro personas implicadas en el audaz asesinato a plena luz del día de Roberto Danilo Samcam Ruiz, un exoficial militar nicaragüense y crítico vocal del gobierno del presidente Daniel Ortega.

El señor Samcam, de 55 años, fue acribillado a balazos el 19 de junio en su condominio en Moravia, un tranquilo suburbio de San José, donde había buscado refugio desde que huyó de Nicaragua en medio de las protestas antigubernamentales de 2018. El ataque, perpetrado por asaltantes descritos por los investigadores como “inexpertos y torpes”, involucró múltiples disparos en pleno día, generando ondas de choque en la comunidad de exiliados nicaragüenses en Costa Rica, hogar de decenas de miles que han escapado de la represión en su país de origen.

Las detenciones, detalladas por Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (O.I.J.) de Costa Rica, se produjeron tras una intensa investigación de tres meses que se basó en grabaciones de vigilancia, testimonios de testigos y evidencia forense. Los sospechosos —tres hombres y una mujer— fueron capturados en operaciones coordinadas en todo el país, incluyendo en la zona rural de Cañas y el barrio urbano de León XIII en Tibás, un distrito conocido por sus vínculos con pandillas locales.

Entre los detenidos se encuentran:

  • Ronald Chaves Medina, de 35 años, identificado como presunto intermediario en la trama, capturado el miércoles en Cañas.
  • Mariela Chacón Guillén, de 30 años, arrestada en una vía pública.
  • Kevin José Cordero Robles (también conocido como Kevin José Robles Salas), de 23 años, detenido durante un allanamiento en León XIII.
  • Bryan José Castro Pérez (también conocido como Bryan José Orozco González), de 33 años, capturado en una calle pública.

Un quinto sospechoso, Jeison José Carvajal Fernández, de 20 años, considerado el tirador principal, permanece prófugo. Las autoridades han emitido una alerta para su captura, describiéndolo como armado y peligroso.

Los fiscales han sugerido que el asesinato fue motivado políticamente, posiblemente orquestado para silenciar las críticas abiertas del señor Samcam contra el régimen de Ortega. “Esto parece haber sido ejecutado para satisfacer intereses políticos”, indicó un comunicado de la Fiscalía General de Costa Rica, que lidera la investigación. Los funcionarios han señalado posibles vínculos entre los sospechosos y el aparato militar o de inteligencia de Nicaragua, aunque no se ha divulgado evidencia directa al público.

Claudia Vargas, viuda del señor Samcam y activista opositora del partido político nicaragüense UNAMOS, celebró las detenciones como un paso hacia la justicia, pero instó a los investigadores a perseguir a los “autores intelectuales” detrás del complot. “Estos son las manos que jalaron el gatillo, pero necesitamos saber quién dio las órdenes”, dijo la señora Vargas en una entrevista desde San José. “Esto no es solo un crimen local; es parte de una campaña transnacional de represión”.

El caso presenta similitudes sorprendentes con otros ataques contra exiliados nicaragüenses en Costa Rica, incluyendo el intento de asesinato en 2021 contra Joao Maldonado, otro figura opositora, que también involucró a asaltantes locales contratados. Grupos de derechos humanos, como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han advertido durante mucho tiempo sobre el supuesto uso por parte del gobierno de Ortega de violencia extraterritorial para atacar a disidentes. Desde la represión de 2018, que dejó cientos de muertos y miles de encarcelados o exiliados, Nicaragua ha sido acusada de exportar sus tácticas autoritarias, incluyendo vigilancia e intimidación, a países vecinos.

Los funcionarios costarricenses enfatizaron que la investigación sigue activa, con análisis forense de armas y comunicaciones en curso. El O.I.J. recreó la escena del crimen utilizando evidencia de video, que mostró a los asaltantes huyendo en un vehículo después del tiroteo. El señor Zúñiga describió a los perpetradores como “aficionados”, destacando su falta de sofisticación para evadir la captura.

Las detenciones ocurren en medio de tensiones crecientes entre Costa Rica y Nicaragua por cuestiones fronterizas y migratorias. Costa Rica, una democracia estable sin ejército permanente, se ha convertido en un refugio para refugiados nicaragüenses, lo que ha tensionado los recursos y generado llamados a un mayor apoyo internacional. La Agencia de la ONU para los Refugiados estima que más de 200.000 nicaragüenses han solicitado asilo en Costa Rica desde 2018.

A medida que el caso se desarrolla, plantea preguntas más amplias sobre la seguridad de los exiliados políticos en América Latina y el alcance de los regímenes autoritarios. Por ahora, la señora Vargas y otros activistas exigen protecciones reforzadas, advirtiendo que sin rendición de cuentas, tales ataques podrían escalar.

Sandinismo recicla su propaganda en talleres de podcast universitarios

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Un taller de “podcast creativos” terminó siendo una vitrina más del viejo guion propagandístico sandinista que nadie fuera de su burbuja consume.

El régimen Ortega-Murillo sigue intentando maquillar su maquinaria de propaganda bajo disfraces académicos. Esta vez, la estrategia fue montar un taller de “podcast creativos” en la Universidad Nacional Casimiro Sotelo, donde estudiantes de Comunicación recibieron lecciones no sobre libertad de expresión, ni ética periodística, sino sobre cómo embellecer la narrativa oficial de los llamados Medios Sandinistas. La ironía es tan evidente que solo ellos parecen no verla.

Según la versión triunfalista de la propaganda oficial, este encuentro fortaleció las competencias profesionales de los futuros comunicadores. La realidad es otra: jóvenes reducidos a repetir eslóganes en un país donde los medios independientes han sido perseguidos, clausurados o empujados al exilio. Lo que venden como creatividad no es más que la domesticación del pensamiento crítico, convertido en obediencia disfrazada de aprendizaje.

Daniel Edmundo Ortega

¿Qué contenido podrían producir estos supuestos “podcast creativos”? El menú ya está escrito: interminables loas a la revolución, referencias gastadas al comandante y la compañera, la exaltación de Fidel Castro, Hugo Chávez y Carlos Fonseca, y un sinfín de letanías políticas que en cualquier espacio libre de censura serían ridiculizadas por su anacronismo. Nadie en su sano juicio, fuera de los propios círculos del sandinismo, se engancharía a semejante vómito ideológico.

El problema no es que los jóvenes quieran experimentar con el formato podcast. El problema es que se les condena a producir basura propagandística bajo el disfraz de creatividad, en un país donde hacer periodismo libre se ha convertido en delito. Así, los estudiantes aprenden desde la universidad que comunicar no es informar ni cuestionar, sino repetir como coro las órdenes que bajan desde El Carmen.

Óscar Pérez

Lo bueno, si cabe algo positivo, es que entre ellos mismos consumirán su propia basura digital. Nadie con mente libre, ningún ciudadano crítico, dedicará tiempo a escuchar sermones huecos sobre revolución eterna, comandantes mesiánicos y lealtades inventadas. El mercado natural de estos productos son los militantes forzados, los empleados públicos sometidos y los mismos aduladores que aplauden cualquier cosa con tal de no perder su puesto.

En lugar de abrir las puertas a un periodismo moderno, de pensamiento fresco, con narrativas juveniles y verdaderamente creativas, el régimen se encierra en su burbuja para aplaudirle a sí mismo. La miseria cultural del sandinismo está en seguir creyendo que su voz única aún puede competir con la pluralidad del mundo digital, cuando en realidad no es más que ruido hueco, reciclado y cada vez más ridículo.

La cruda advertencia contra Maduro: huida, cárcel o muerte

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Cuando un ex-comandante de la armada de Estados Unidos dice que el tirano Nicolás Maduro tiene solo tres salidas, se desnuda la fragilidad de un poder que depende del miedo más que de la razón.

En medio de una tormenta política que no da tregua, Luis Quiñónez ex-comandante de la armada de Estados Unidos y Jefe de la campaña de Donald Trump lanzó una advertencia terrible: Nicolás Maduro solo tiene tres finales posibles. Puede fugarse a Cuba con su fortuna, puede terminar en una prisión —y de esas que los tribunales internacionales no olvidan—, o bien puede acabar “seis pies bajo tierra”, eufemismo letal para referirse a la muerte. Lo dijo con crudeza, pero no sin lógica política. Esta frase no es un deseo, es un diagnóstico de situación.

El régimen venezolano ha acumulado demasiados enemigos, tanto dentro como fuera. Las sanciones internacionales han tensado a sus aliados económicos, los oficiales de menor rango sienten la presión de las acusaciones, y entre la población crece la deserción simbólica: la gente ya no solo protesta, sino que espera un cambio concreto. Quiñónez, opositor con base en el exilio, no parece hablar de escenarios hipotéticos sino de realidades que ya están en gestación.

La primera opción que contempla Quiñónez —huir a Cuba con la fortuna— remite a los historiados casos de dictadores que, cuando pierden el control, buscan refugio en países aliados. Cuba ofrece garantías diplomáticas y una red de complicidades políticas que podrían proteger al presidente saliente, así como mecanismos para ocultar activos. Sin embargo, abandonarlo todo tendría un costo simbólico enorme: admitir derrota ante su propia gente y ante el mundo.

La segunda salida —la cárcel— ya no es solo un discurso de campaña. Existen investigaciones internacionales abiertas, indicios de corrupción, lavado de dinero, narcotráfico. Varias fórmulas legales podrían activarse: mecanismos de justicia universal, órdenes de extradición si se encuentra al mandatario en países que colaboren, e incluso procesos internos si las tensiones en el poder crecen lo suficiente para sacar del anonimato a fiscales o jueces que actúen de forma independiente.

La tercera posibilidad, la más sombría, tiene ecos de dramatismo literario, pero no por ello carece de credibilidad. “Seis pies bajo tierra” suena a fatalismo, pero en contextos latinoamericanos con historia reciente de violencia política no puede descartarse como metáfora de una violencia posible, de un atentado o de un colapso del orden institucional lo bastante grave como para desencadenar pérdidas humanas en el entorno inmediato del poder.

A pesar de la brutalidad implícita en esos escenarios, Quiñónez añade que todavía existe una ventana de negociación: “antes del primer misil”. Esa expresión no es casual: sugiere que Maduro podría pactar su salida en términos ofertados si reconoce parcialmente acusaciones, acepta mediaciones internacionales, promete entregar parte de su patrimonio o cesar hostilidades. Es una forma de decir que el peso acumulado de sanciones, denuncias y aislamiento lo empuja hacia una rendición parcial.

Veremos si la diplomacia internacional acepta este tipo de trato. Hasta ahora potencias vecinas, organismos multilaterales y gobiernos occidentales han fijado posiciones diversas: algunos exigen rendición total, otros apuestan por sanciones más duras, otros por mediaciones silenciosas. Maduro, por su parte, ha respondido con discursos firmes, movilizaciones del chavismo, amenazas geopolíticas y gestos retóricos, como si quisiera demostrar que aún tiene capacidad para resistir.

Es imposible predecir cuál de esas tres salidas ocurrirá, pero lo cierto es que todas implican pérdidas enormes para el tirano. Huir significa abandonar el poder simbólico. Encerrar significa humillación. Morir significa derrota absoluta. Y todo ello hace evidente algo que Quiñónez, con su advertencia, ha obligado a exteriorizar: que el poder absoluto que Maduro se cree tener es en realidad un castillo de naipes, vulnerable al soplo de la verdad, del aislamiento, de la justicia.

Béisbol profesional en Nicaragua: la purga política tras el nombre

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En Nicaragua, ni el béisbol escapa de la represión. La nueva Liga Profesional es un espejo de la paranoia del poder, decidido a borrar nombres incómodos.

En un país donde la dictadura Ortega-Murillo no tolera fisuras, ni siquiera el béisbol —ese pasatiempo nacional que une generaciones— queda al margen de la purga política. El Ministerio del Interior ha oficializado un cambio que trasciende lo deportivo: la Liga Nicaragüense de Béisbol Profesional (LNBP) desaparece de nombre y estatutos para renacer bajo la denominación de Asociación Profesional de Béisbol Nicaragüense (La Profesional-APBN). La medida, aparentemente administrativa, tiene un trasfondo más oscuro: borrar cualquier rastro de Bayardo Arce, antiguo hombre de confianza del sandinismo, hoy caído en desgracia.

El béisbol en Nicaragua siempre ha sido más que un juego. Es identidad, orgullo, resistencia cultural. Pero bajo la lógica del régimen, también se convierte en un campo de control simbólico. Bayardo Arce, exasesor económico de Daniel Ortega y figura clave en los negocios oficiales, fue socio de la LNBP. Su hermano, Pancasán Arce, llegó a presidir la liga antes de terminar en el exilio. Hoy, uno está encarcelado, el otro desterrado, y el apellido Arce se ha convertido en anatema. La decisión ministerial responde a la urgencia de sepultar cualquier vestigio de esa estirpe incómoda, incluso en un torneo que debería vivir de batazos y no de decretos.

El giro es revelador no solo por lo que borra, sino por lo que exhibe. Los mismos directivos que ayer obedecían, adulaban y servían a los Arce, hoy se arrodillan ante la nueva línea impuesta desde El Carmen. Lo hacen sin resistencia, en silencio, con esa docilidad aprendida que ha caracterizado a tantas instituciones del país. En cuestión de días, la liga que era orgullo deportivo pasó a ser instrumento de censura política, ejemplo de cómo la dictadura transforma todo en prolongación de su aparato de poder.

Este cambio de nombre podría parecer irrelevante para quien no siga de cerca la política nicaragüense. Pero en realidad, revela la fragilidad de un sistema en el que nadie está a salvo. Si ayer Bayardo Arce fue la mano derecha de Ortega, hoy es un enemigo borrado de la memoria oficial. El deporte se convierte en un espejo del miedo: lo que antes se veneraba, ahora se niega; lo que ayer fue lealtad, hoy se paga con cárcel o exilio.

El béisbol, que debería servir como refugio de unidad y celebración, queda marcado como otro escenario de la manipulación política. No se trata solo de renombrar una liga, sino de demostrar al país entero que nadie tiene garantizada su permanencia en el círculo del poder. La lealtad se premia mientras sirve, y se castiga con furia cuando se agota. Los directivos que hoy celebran la “nueva etapa” saben que mañana pueden ser ellos los borrados de actas y gacetas.

En Nicaragua, ni los estadios, ni las novenas, ni los fanáticos logran escapar del peso de la represión. La pelota sigue rodando, sí, pero ahora bajo la sombra de un régimen que convirtió hasta el pasatiempo nacional en otro terreno de ajuste de cuentas y borrado de memorias.

Ortega veta al youtuber español: “me retuvieron más de dos horas”

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Cuando simplemente grabar viajes se considera delito político, la dictadura orteguista afila su censura con procedimientos de aeropuerto y fronte­rizo.

Sergio Rivera, creador español del canal de viajes conocido como “Viajes de Ida”, aseguró que intentó entrar a Nicaragua desde Honduras para recorrer destinos turísticos tradicionales como León, Granada, Managua, Rivas y Corn Island. Ya con pasaporte en mano, un funcionario migratorio le pidió tomarle una fotografía, le retuvo su documento y comenzó haciéndole todo un interrogatorio. A pesar de que Sergio en el formulario migratorio había registrado todo sobre su profesión como empresario. Pero la presencia de su canal en redes bastó para vetarlo.

“Me retuvieron más de dos horas”, explicó. Durante ese tiempo esperó sentado, sin mayor explicación, mientras le decían que no podía ingresar al país y que no debía hacerse más preguntas. A un funcionario local, que fue llamado para confirmar que efectivamente tiene un canal de YouTube, le verían redundar la sombra de una sospecha: “No pueden entrar canales que puedan mostrar algo que no les conviene”.

Rivera afirmó que su canal no tiene contenido político. No obstante, esto pareció irrelevante para quienes le negaron la entrada. Lo que él considera un blog de viajes, el régimen lo interpreta como posible herramienta de denuncia o exposición de realidades incómodas. Tras el rechazo, debió cambiar su itinerario por completo: en vez de cruzar fronteras terrestres, tuvo que desplazarse hacia El Salvador para partir luego hacia Panamá.

El incidente ejemplifica una práctica cada vez más habitual en Nicaragua: negar el ingreso a extranjeros cuando su trabajo mediático podría implicar mostrar carencias del Estado, desigualdad, deterioro o corrupción. No es prensa, no es oposición: es creatividad, turismo, contenido digital, y aun así se ve como amenaza.

Preguntas que se quedan sin respuesta: ¿qué criterios exactos utiliza Migración para determinar quién “no entra”? ¿qué protocolos legales han sido activados para la retención y expulsión? ¿qué derechos le fueron reconocidos a Rivera durante esas dos horas? Lo cierto es que no hay indicios de explicación transparente, de notificaciones formales ni de documento que justifique la decisión más allá del capricho institucional.

Este tipo de casos erosionan aún más la libertad de movimiento, pero también la credibilidad de un país que pretende atraer turismo y delegaciones, mientras prohíbe incluso a creadores digitales sin perfil político promover lo que ellos llaman “el paraíso natural”. La inevitable pregunta: cuando cada cámara se convierte en un riesgo, ¿quién narrará lo que realmente ocurre?